La plataforma de Linares en Defensa del sistema público de pensiones , se concentra en las puertas de la residencia mixta de mayores.
En primer lugar seguir reivindicando la apertura de las instalaciones cerradas durante años de este Geriátrico, que a pesar de las reiteradas peticiones realizadas a los responsables políticos de la Junta de Andalucía competentes en la materia, hasta el momento todo han sido largas y justificaciones para no poner en funcionamiento dichas instalaciones.
Hoy más que nunca se ha demostrado que nuestras reivindicaciones tienen sentido, no solo porque su puesta en funcionamiento hubiera servido para paliar la larga lista de espera existente en la comarca de personas que necesitan asistencia geriátrica, también para crear empleo en este sector sanitario, en una ciudad tan necesitada de ello y de camino ayudar a la deteriorada economía de las personas dependientes y necesitadas, que no pueden pagarse la asistencia geriátrica privada.
Si todo lo anterior ya justifica su apertura, queremos recordar que en esta situación de crisis sanitaria que estamos viviendo, nuestra plataforma propuso el 23 de marzo a la Delegación de Políticas Sociales y La Consejería de la Junta de Andalucía, que se habilitara una zona del edificio cerrado para poder aislar y dar tratamiento sanitario adecuadamente a las personas contagiadas de las residencias de la zona; posteriormente al no dar resultado nuestra petición, propusimos el 4 de abril junto con la Coordinadora de Jaén por la Defensa del Sistema Público de Pensiones en una carta dirigida a la Delegada en Jaén de la Consejería de Salud y al Delegado de Políticas Sociales proponiendo que se habilitara para ese fin este edificio o cualquier otro de la provincia; pero con escaso éxito porque no optaron por esta medida.
Creemos que de haberse habilitado esta medida, hubiera influido en la disminución de casos de contagios y fallecimientos; como de hecho ha dado resultado en las provincias de Andalucía en las que se han habilitado (aunque tarde), hoteles medicalizados o residencias de tiempo libre medicalizadas para tal fin.
En cambio implementaron los llamados protocolos de aislamiento por zonas en cada una de las residencias y el tratamiento de las personas infectadas dentro de ellas, evitando el desplazamiento a los centros sanitarios por el miedo a colapsar los Hospitales y UCIS con personas de las residencias de mayores. Sabiendo como se ha comprobado que la mayoría no dispone de las instalaciones adecuadas, ni el personal y los recursos sanitarios necesarios para tratar dentro de ellas esta enfermedad.
Con esta decisión lo que se ha impedido en la práctica es el acceso de las personas mayores de las residencias a todos los servicios y recursos del Sistema Sanitario español, dando la sensación de que se les ha abandonado a su suerte encerradas en la trampa de las residencias.
Los datos de fallecimientos por la pandemia en las personas mayores de 70 años han sido tremendamente dramáticos, alcanzando el 86% de los fallecidos a nivel general. Pero lo han sido abismalmente más dramáticos en las residencias de mayores ya que aunque sean personas con mayor número de patologías previas, eso no explica que según las cifras oficiales el número de estas personas fallecidas mayores de 70 años se ha multiplicado por 25 en las residencias de mayores.
En España los servicios sociales han sido históricamente el pariente pobre del Estado de Bienestar. La Ley de Atención a las Personas en situación de Dependencia, sentó las bases para su desarrollo, aunque lento y desigual, al que frenó en seco la gestión de la crisis económica de 2008 y los recortes que se aplicaron a estos servicios. En este marco, las residencias para personas mayores han estado especialmente desatendidas por el sector público, titular de apenas el 25% de los 5.387 centros que, según datos del IMSERSO existen en nuestro país, y cuya oferta de plazas apenas alcanza la mitad de las cinco por cada cien mayores de 65 años que recomienda la OMS. La escasez de plazas públicas ha sido compensada por una oferta privada muy fragmentada, cuya titularidad se reparten fondos de inversión de diferentes países (Francia, en especial), aseguradoras, constructoras, empresas sanitarias, y titulares de grandes fortunas, que han visto en la necesidad un importante nicho de negocio.
