La Audiencia de Jaén recurre a Ifeja para celebrar juicios con un elevado número de acusados

La Audiencia de Jaén ha recurrido a la Institución Ferial de Jaén (Ifeja) para celebrar juicios con un elevado número de acusados para así poder garantizar las medidas de seguridad en lo que respecta sobre todo a aforos y distancia social.

La pandemia ha traído consigo que la sala de vistas de la Audiencia de Jaén se haya quedado pequeña para determinadas causas donde al elevado número de acusados, hay que sumar abogados, testigos, los tres magistrados que conforman el tribunal, y el representante del Ministerio Fiscal.

El presidente de la Audiencia de Jaén, Rafael Morales, ha indicado a Europa Press que en una situación “complicada” como la actual de pandemia se ha hecho necesario recurrir a espacios más amplios donde poder cumplir con las medidas de seguridad, sobre todo en lo que respecta al distanciamiento social. En este sentido, ha subrayado que aunque la sala de vistas está “perfectamente acondicionada y equipada”, en juicios con un elevado número de participantes “se nos queda pequeña”.

Aunque no es nada habitual, no es la primera vez que la Audiencia tiene que echar mano de otros espacios fuera de sede judicial para celebrar juicios. Hasta ahora se venía recurriendo al salón de actos de la Delegación de Educación, pero incluso se llegó a celebrar un juicio en las instalaciones que la Policía Local tenía en Vaciacostales.

 

El aforo permitido en la sala del Palacio de Justicia es de 17 y en algunos juicios el número de acusados supera con creces este número. Por eso, desde la Audiencia se ha optado por el Auditorio Guadalquivir del Palacio de Congresos de Jaén, con un aforo para 418 personas. La agenda de señalamientos ya contempla dos juicios a celebrar en el Ifeja.

El primero de ellos será el 9 de febrero de 2021. Se sentarán en el banquillo 22 personas 22 personas acusadas de formar parte de una trama dedicada a la adquisición y venta fraudulenta de terminales de telefonía móvil. A la cabeza de la supuesta trama se encuentra M.A.P.H., el que fuera concursante de Gran Hermano 8 y que fue detenido en Rus (Jaén) en junio de 2016 por esta causa que ahora se juzga.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal reclama una condena de nueve años de prisión y multa de 27.000 euros para M.A.P.H. como presunto autor de un delito continuado de estafa y otro de falsedad. Para 16 de los acusados solicita pena de tres años de prisión y multa de 3.600 euros por la supuesta estafa, mientras que para los cinco restantes pide un año de cárcel como presuntos cómplices de un delito de falsedad.

El juicio estaba previsto que se celebrara el pasado mes de marzo, pero fue suspendido después de que a última hora cuatro de los 22 encausados, entre ellos el supuesto cabecilla de la trama, renunciaran a su abogado defensor esgrimiendo pérdida de confianza. Después de fijó para octubre pero acabó suspendiéndose ante la imposibilidad de garantizar las medidas de seguridad anticovid en la sala, sobre todo en lo que respecta a las distancias.

El segundo de los juicios previstos en el Ifeja será también en febrero, concretamente el 15 de febrero y como en el caso anterior está previsto que dure varias jornadas.

En este caso se sentarán en el banquillo 84 personas. Lo harán en auditorio convertido en una improvisada sala de vistas. El Ministerio Fiscal sostiene en su escrito de calificación, al que ha accedido Europa Press, que uno de los acusados dio de alta como trabajadores a 83 personas entre 2003 y 2007 y lo hizo “por el tiempo imprescindible y necesario para que una vez dados de baja pudieran cobrar prestación por desempleo, maternidad, subsidio por desempleo e incluso prestación por incapacidad en algún caso”.

Para darlos de alta, el empresario les cobraba una cantidad que rondaba los 800 euros. Una vez pasado el tiempo, y sin que hubiera prestación real de servicios, el acusado, R.G.G., les daba de baja y les facilitaba toda la documentación necesaria para que la presentaran ante los organismos competentes y pudieran cobrar la prestación que se derivara de cada caso.

Todas las prestaciones supuestamente cobradas de forma indebida sumaron 452.656,84 euros. Dinero que ahora el Ministerio Fiscal les reclama por el perjuicio causado a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para el principal acusado, el Ministerio Fiscal le reclama dos años de prisión por un delito continuado de estafa, además de 850.000 euros de multa. A los 83 restantes acusados de cobrar indebidamente las prestaciones, Fiscalía les pide que se les imponga una multa consistente en el doble de la cantidad percibida indebidamente, además de devolver lo cobrado a la Tesorería General de la Seguridad Social.

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