Andalucía fue la comunidad que más procedimientos judiciales por corrupción acumuló en 2021 hasta un total de 24
Andalucía y la Comunidad Valenciana fueron las comunidades con más procedimientos por corrupción y con el mayor número de acusados. Los jueces procesaron por corrupción a 344 personas físicas y jurídicas en 2021, 83 más que en 2020.
Los jueces y juezas dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 273 personas físicas y 71 personas jurídicas en todo el territorio nacional por delitos de corrupción en 2021, 83 más que en 2020, y Andalucía fue la comunidad autónoma que más procedimientos acumuló, hasta 24 en todo el pasado año 2021.
Según los datos facilitados este martes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante 2021 los jueces concluyeron en España 53 procedimientos por corrupción frente a los 56 registrados en 2020. En total, los órganos judiciales dictaron 65 sentencias en todo el país, dos menos que en el año anterior donde se firmaron 67 resoluciones.
Estos datos sobre procedimientos por corrupción figuran en el repositorio del CGPJ tras la incorporación de la información correspondiente al año 2021 y a su último trimestre. Este repositorio, que fue presentado en enero de 2017, es de acceso público en la web del poder judicial y permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores (acusados y/o procesados, procedimientos, sentencias dictadas, sentido del fallo, etc.), que se actualizan cada tres meses.
Según ha precisado el CGPJ en la nota informativa, recogida por Europa Press, del total de los 53 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó en 2021, 14 corresponden al cuarto trimestre del año. Del total, solo dos corresponden a causas dirigidas en la Audiencia Nacional, frente a las siete registradas en 2020.
Las estadísticas reflejan que Andalucía fue la comunidad autónoma que más procedimientos acumuló, 24 en todo 2021. Le sigue la Comunidad Valenciana con nueve y Madrid con siete.
Asimismo, Andalucía lidera la lista con el mayor número de personas –físicas y jurídicas– acusadas en causas relativas a delitos de corrupción, con 179. En el caso de la Comunidad Valenciana constan 80 personas acusadas; en Castilla y León, por su parte, 26.
67,6% DE SENTENCIAS CONDENATORIAS
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los juzgados y tribunales dictaron un total de 65 sentencias en procedimientos en los que se investigaron delitos de corrupción. De todas ellas, 44 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 67,69 por ciento de las dictadas por los distintos órganos judiciales. Las 21 sentencias restantes, el 32,30 por ciento del total, eran absolutorias.
La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con conformidad –17– y sin conformidad –19–, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).
El repositorio permite consultar también los datos de las sentencias notificadas en el cuarto trimestre de 2021. De las 20 dictadas en este periodo, 13 fueron condenatorias y 7, absolutorias.
CORRUPCIÓN PÚBLICA
La información que se ofrece corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Estos fenómenos se tipifican en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
