La ‘operación Fierro’ ha permitido la detención de 53 personas en Jaén, Sevilla, Granada y Almería acusadas de presunto fraude a la Seguridad Social y falsedad documental al cobrar supuestamente prestaciones por desempleo después de que fueran dadas de altas en empresas “ficticias”.
Esas prestaciones cobradas “de forma indebida” se cifran en 226.564 euros, que supondrán, además, sanciones por valor de 337.522 euros. Más de 50 detenidos por presunto fraude con prestaciones por desempleo tras figurar en Ampliar foto Así lo ha puesto de relieve este jueves el subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, en la rueda de prensa para presentar la citada actuación desarrollada desde el pasado mes de julio por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Jaén en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo de la Seguridad Social (ITSS) y cuyo grueso está ya en manos de los juzgados de instrucción 1, 3 y 4 de la capital jiennense.
Acompañado por el inspector jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Juan de Dios Piedra, el inspector jefe de la UDEV y responsable policial de la operación, Alfonso Ruiz, y la jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Mariola Palacios, Lillo ha destacado que se trata de una de las mayores operaciones contra el fraude a la Hacienda pública en la provincia. En total, ha habido de 101 investigados presuntamente relacionadas con el cobro fraudulento de prestaciones por desempleo. Cuatro “empresas ficticias” ubicadas en las localidades de Campillo de Arenas y Jaén servían para dar de alta a supuestos trabajadores, de forma que fueron creadas con la única intención de que estos ‘empleados’ cotizaran los días necesarios para acceder a algún tipo de subsidio. La operación arrancó en julio de 2015 cuando la ITSS alertó a la UDEV sobre una “empresa ficticia” con sede social en Campillo de Arenas y dedicada a la grabación de sonido y edición musical. Esta empresa contaba con cuatro “falsos” trabajadores, además del empresario, que a merced a los días cotizados fraudulentamente habían cobrado el desempleo.
Las investigaciones, según ha explicado, sacaron a relucir otras tres empresas más, también supuestamente fraudulentas. Con actividades tan variadas como construcción especializada, con un total de dos ‘socios empresarios’ y cinco trabajadores; reparación de muebles, con un empresario y 26 trabajadores; así como una empresa dedicada a la tapicería de muebles, con dos empresarios y 70 trabajadores. Común denominador Todas ellas con sede social en Jaén y un denominador común: el mismo “empresario”, con la colaboración de su esposa, ambos de unos treinta años de edad y antecedentes policiales por estafas. De hecho, en febrero de 2015 ya fueron detenidos por usurpación civil y estafa, tras haber usurpado la identidad de otras personas para contratar varias líneas de teléfono. “Una vez que se detecta el fraude, se pone en conocimiento de la autoridad judicial y creemos que no se está llevando a cabo de manera acertada, porque no puede ser que este señor era viejo conocido, había hecho en varias ocasiones fraudes parecidos, pudiera seguir insistiendo y después de estar mucho tiempo bastante personas detrás de esta gente salga con muy poco daño después en el aspecto judicial”, ha comentado para añadir que no pretende “culpar a nadie” sino “decir la realidad de los hechos”, ya que si quienes defraudan estuviesen “pagando seguramente estaríamos contando otra situación”.
El total, 101 investigados y 53 detenidos en la operación por la que el ITSS calcula que se habría defraudado a las arcas públicas unos 226.564 euros en falsas prestaciones por desempleo, por lo que cifra un total de sanción en materia de Seguridad Social, al simular una relación laboral temporal inexistente para la obtención indebida de los subsidios, de 337.522 euros. ‘Fierro’ se suma así a otras llevadas a cabo por la UDEV en Jaén como la operación Chatarra en octubre de 2013 con más de 70 detenidos o la operación Cruces con más de 30. Actuaciones como la que ahora concluye contra estas cuatro “empresas ficticias” que son fruto del convenio de colaboración suscrito en 2013 entre la Policía Nacional y las entidades gestoras de la Seguridad Social y que dio lugar al nacimiento de una unidad de investigación de la Seguridad Social, facilitando el acceso de la Policía Nacional a las bases de datos de la Administración de la Seguridad Social y la cesión de los mismos. Trabajo intenso En este sentido, el subdelegado ha valorado el “intenso trabajo” que desarrollan contra el fraude a la hacienda pública funcionarios tanto de la Seguridad Social como del Cuerpo Nacional de Policía porque “este tipo de fraude lo es a toda la sociedad, pero sobre todo a jubilados, viudos, huérfanos o desempleados, es decir, a las personas que necesitan una especial protección”. Al hilo, ha hecho balance del pasado 2015 en esta materia: los técnicos del ITSS han llevado a cabo un total de 4.625 actuaciones en materia de economía irregular, detectando un total de 592 altas fraudulentas, frente a los 1.153 detectadas en 2014. Ha atribuido este descenso a la sensación “cada vez más extendida de que quien defrauda lo paga, y se le pilla”. El importe total de lo recuperado en empresas de la provincia ascendió en 2015 a 2.079.588,18 euros, de los que el mayor volumen de fraude procede del sector de la hostelería (6896.623,17 euros en 1.091 actuaciones y la detección de un total de 245 altas fraudulentas), seguido por la agricultura (601.059 euros) y servicios (230.691,11 euros).