El Ayuntamiento de Alcalá la Real, condenado a pagar más de 52.000 euros por el despido de un eventual
El alcalde de Alcalá la Real, Marino Aguilera (PP), ha comparecido ante los medios para indicar que “se trata de un hecho grave, herencia de la gestión del anterior equipo de gobierno, que va a afectar a las arcas municipales”. De hecho, según Aguilera, han tenido que modificar los presupuestos para dotar una partida que haga frente a “esta importante suma”.
“Desde luego, vamos a intentar que la paguen patrimonialmente los responsables políticos de esta irregularidad y no el resto de alcalaínos” ha explicado Marino Aguilera, refiriéndose al anterior gobierno local (PSOE).
Los hechos denunciados se sustentan en que las tareas desarrolladas a partir del 17 de septiembre de 2007 no eran propias del nombramiento que se efectuó como personal eventual, en virtud del artículo 104.2 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, “un tema que denunciamos en numerosas ocasiones desde la oposición. En pleno se aprobaban unas funciones, pero al día siguiente, con total connivencia del equipo de gobierno socialista, se desempeñaban otras muy distintas”, ha argumentado el alcalde.
En ese sentido, el teniente de alcalde Ángel Montoro ha pedido al PSOE que explique “por qué han hecho caso omiso de las advertencias del entonces Secretario del Ayuntamiento, Francisco Fernández Yera, que desde su incorporación al Ayuntamiento en 2014 y hasta su salida en 2018, informó al anterior equipo de gobierno que las funciones que estaba desarrollando este trabajador no se correspondían con el cargo que ostentaba, sino que estaba ejerciendo funciones de un técnico”.
El teniente de alcalde ha precisado que los servicios jurídicos municipales están estudiando el caso ya que “creemos que puede haberse producido un delito de prevaricación, y vamos a estudiar tomar medidas jurídicas contra los anteriores responsables para que, patrimonialmente, tengan que hacer frente a esta irresponsabilidad, no atendiendo las advertencias del entonces Secretario de que se estaban cometiendo un fraude de ley”.
La cuantía aún podría aumentar hasta los 120.000 euros si los tribunales atienden el recurso del trabajador en cuestión, que pide que se le reconozca antigüedad desde 1996, que es cuando comienza su actividad laboral con el Ayuntamiento, entonces como director de la Escuela Taller.
Marino Aguilera ha recordado también que los sindicatos mostraron su disconformidad con las funciones desempeñadas en la práctica por el demandante, que “empujado por el anterior gobierno socialista, se extralimitó en sus competencias para acabar ejerciendo de técnico”.
Para terminar, el alcalde ha criticado que el anterior alcalde, Carlos Hinojosa (PSOE), y la entonces edil de Recursos Humanos, Cecilia Alameda, “se perdieran del mapa” cuando el juzgado les iba a notificar que debían comparecer en el juicio como testigos “lo que nos parece un acto de auténtica cobardía, porque son totalmente responsables de lo ocurrido”.
