CSIF informa de que una sentencia reconoce el derecho de los monitores de la UPM a elegir sus vacaciones
El sindicato CSIF ha informado de que el Juzgado de lo Social 2 de Jaén ha reconocido al grupo de monitores de la Universidad Popular Municipal (UPM) el derecho de fijar el periodo de disfrute de las vacaciones conforme al convenio colectivo del Ayuntamiento de Jaén.
El sindicato ha señalado en un comunicado que con la sentencia se pone fin a un conflicto de dos años sobre un asunto que fue denunciado por CSIF. Asimismo, la sentencia “declara nula la decisión de la UPM de la adjudicación unilateral de vacaciones, haciéndolas coincidir con los días no lectivos del calendario escolar”.
En este sentido, CSIF ha instado al gobierno local (PSOE-Cs) en el Ayuntamiento de Jaén a que deje de buscar resquicios y no regateé más con los derechos de los trabajadores de su propia Administración.
En julio del año pasado, el responsable de CSIF Local en Jaén, Enrique García, y el concejal de Personal, Carlos Alberca, firmaron un acuerdo extrajudicial, con valor de sentencia judicial, en el que se reconocía el derecho a las vacaciones de todos los monitores y al abono de las vacaciones de los años 2018 y 2019.
Este acuerdo se firmó un día antes de celebrarse el juicio por la demanda por conflicto colectivo que había interpuesto el sindicato. A pesar del acuerdo, “el Ayuntamiento de Jaén solo les ha reconocido a los monitores el 50 por ciento de la deuda devengada de esas vacaciones por lo que nuevamente, los trabajadores de la UPM tendrán que involucrarse en un nuevo proceso judicial para reclamar las cantidades adeudadas”. Para CSIF, esto es “una estrategia más para retrasar el pago de lo que le corresponde a cada empleado”.
Asimismo, este 2020, la UPM decidió “unilateralmente y sin negociación, imponer las vacaciones” a los monitores. “Mediante un correo electrónico, les comunicaron que los días no laborables del calendario escolar serían sus vacaciones, “saltándose el convenio colectivo del Ayuntamiento de Jaén y el Estatuto de los trabajadores”.
Ahora con esta nueva sentencia se declara nula esta decisión, por lo que han pedido tanto a la Gerencia de la UPM como al Ayuntamiento que “se ajuste a la legalidad y no imponga su criterio al margen de la sentencia judicial”.
