Fiscalía pide dos años de cárcel por levantar un vallado sobre un yacimiento romano en Arjonilla
Según comenta Europa Press la Fiscalía reclama dos años de prisión para un hombre acusado de levantar en Arjonilla un vallado en una parcela de su propiedad no urbanizable y de especial protección por encontrarse sobre un yacimiento arqueológico romano incluido en la base de datos del Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Además, según recoge el escrito de calificación del Ministerio Fiscal al que ha accedido Europa Press, la especial protección era doble puesto que la parcela se encuentra situada en zona de servidumbre y policía de la margen izquierda del Arroyo Salado y margen derecha del Arroyo de la Pontanilla.
Fiscalía subraya que el vallado se realizó sin la autorización ni de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ni de la Consejería de Cultura, además de no contar con la preceptiva intervención arqueológica, “sin licencia urbanística y haciendo caso omiso al informe del arquitecto técnico municipal”.
Los hechos se remontan a noviembre de 2017 cuando el acusado levantó una valla lineal de unos 340 metros, con postes metálicos situados entre tres y cuatro metros de separación, que se anclaron perforando el suelo y rellenando con hormigón en masa.
Las obras incluyeron también movimientos de tierra por medios mecánicos en una superficie de 34.000 metros cuadrados para la plantación de árboles, con una profundidad de excavación aproximada de un metro en algunas zonas y con vaciado de 17.000 metros cúbicos de tierra, lo que supuso un coste de otros 16.830 euros.
Las obras llevadas a cabo por el acusado en suelo no urbanizable protegido, con un coste de demolición y de reposición de los terrenos a su estado originario valorado por Fiscalía en 15.300 euros, “no son susceptibles de ser autorizadas al contravenir las normas urbanísticas del PGOU de Arjonilla, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, Ley de Aguas y Reglamento de Dominio Público Hidráulico”.
El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Por ello, además de los dos años de prisión, solicita que se le imponga una multa de 36.210 euros y la inhabilitación especial para la profesión de promotor y constructor por el tiempo de tres años.
