• De la Torre y otros tres empresarios han sido imputados inicialmente por presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, corrupción en los negocios y falsedad documental
  • La investigación se centró en la presunta adjudicación fraudulenta de unos contratos de publicidad, dentro de una campaña publicitaria llevada a cabo por la Diputación

El juzgado de Instrucción número 4 de Jaén ha decretado libertad con cargos para Antonio de la Torre, delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, además de para otros tres empresarios que han compadecido este martes ante el juez por la presunta adjudicación fraudulenta de una campaña de publicidad cuando De la Torre trabajaba en la Diputación Provincial, según ha informado Europa Press.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han informado de que la causa sigue abierta y que se está llevando por presunta prevaricación administrativa, si bien no han precisado si existen otros presuntos delitos que también están siendo investigados en relación con la misma. Inicialmente, la Policía Nacional detuvo a De la Torre y a otros tres empresarios, imputándoles presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, corrupción en los negocios y falsedad documental, según fuentes policiales.

En abril de 2016 se recibió desde uno de los juzgados de la capital una orden de investigación por una denuncia previa interpuesta por un extrabajador de una empresa en la Fiscalía de Jaén. En ella se investigó la presunta adjudicación de manera fraudulenta de unos contratos de publicidad, en el marco de una campaña publicitaria realizada por la Diputación. En total, cuatro organismos públicos y empresas fueron estudiadas detalladamente, si bien una de ellas quedó exonerada de la investigación. La adjudicación de la campaña de publicidad, por un importe de 60.000 euros, se hizo supuestamente sin tener en cuenta la Ley de Contratos del Sector Público, la cual obliga a solicitar ofertas de al menos tres empresas capacitadas para la realización del contrato cuando su importe sea superior a 18.000 euros.

Según la Policía, “previo acuerdo con el responsable de la empresa para saltarse la ley, éste acordó con el ente público dividir el contrato entre varios poniéndose de acuerdo con las otras dos empresas investigadas”. Por ello, la empresa adjudicataria “subcontrató a otra empresa con el fin de darle forma legal, siempre, presuntamente en connivencia con el responsable del organismo oficial”. La campaña estaba prevista por una duración de seis meses, por ello, las empresas investigadas “facturaban por separado cada mes, para que dinero el llegara finalmente y con apariencia legal al empresario detenido y adjudicatario de la campaña. Éste facturaba a las otras tres empresas por importes exactos a los facturados al ente oficial, de esta manera se limpiaba el dinero”, añadió la Policía Nacional. Según la investigación, “ninguna de las tres empresas que facturaban realizaron trabajo alguno, siendo la empresa subcontratada la que realizó los trabajos mientras los responsables de las demás empresas, presuntamente se prestaron al juego”.