El Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén ha acogido este martes el juicio de faltas contra nueve miembros de la Acampada Esperanza por ocupar durante doce horas la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Fue el pasado 9 de marzo, justo después de que desahuciaran a Cristian y Mari Carmen. Se encerraron para protestar por la situación y por la noche, cuando los echaron, surgió el campamento.

Según el abogado defensor, Juan Escudero, quienes se encerraron lo hicieron pensando que tenían la autorización del delegado territorial de Vivienda, Rafael Valdivielso; además, los policías que desalojaron han señalado que por parte de los acusados “en ningún momento hubo resistencia ya que abandonaron el edificio pacíficamente y sin montar escándalo”. Pese a todo, la Fiscalía pide 160 euros de multa para cada uno o 20 días de cárcel en caso de impago.

“Una cosa es la Ley y otra la justicia, ya que es completamente injusto que las personas que estuvieron defendiendo su derecho a la vivienda, sean hoy ajusticiadas cuando deberían haber sido atendidas tal y como merecen”, ha señalado Manuel Montejo, cabeza de lista de cara a las municipales de Jaén en Común, la agrupación de electorales en la que participan miembros de Podemos, Ganemos, IU y el SAT, entre otros.

El candidato acudió a la puerta de los juzgados para apoyar a los denunciados, entre los que se encuentra Andrés Bódalo, representante del SAT en la provincia y miembro de la lista. Junto a ellos, se han manifestado una veintena de personas, que han increpado a Juan Lanzas, el ‘conseguidor’ de los ERE fraudulentos, cuando este ha entrado en los cercanos juzgados de lo Penal, donde tenía que declarar como acusado en un juicio por delitos societarios.