JeC propone que el Ayuntamiento excluya de sus contratos a empresas que utilicen paraísos fiscales

JeC propone declarar Jaén como municipio libre de paraísos fiscales, así lo ha solicitado en la Comisión de Hacienda Recursos Humanos y Contratación del Ayuntamiento de Jaén donde ha pedido que los Servicios Técnicos Municipales estudien medidas a incorporar tanto en los pliegos de condiciones como en las ordenanzas fiscales con el objetivo de evitar o dificultar la contratación de obras o compras de bienes con empresas que tengan su sede social ubicada en paraísos fiscales o Sociedades que formen parte de una matriz industrial ubicada en éstos. “En definitiva, lo que queremos es que se tomen las medidas necesarias para asegurar que las contrataciones municipales favorezcan a las empresas con conductas fiscales responsables”, ha dicho la concejal María Dolores Nieto. JeC recuerda que en España ya hay municipios han empezado a exigir a los participantes en la contratación pública la “no utilización” de paraísos fiscales, considerando que esta exigencia está de acuerdo con la intención de la ley de preservar la ética, la transparencia y la igualdad de trato.

Han subrayado que las empresas que utilizan estos paraísos con el fin de evitar el pago íntegro de sus impuestos representan “una competencia desleal, contraria al principio de que todos los proveedores deben tener igualdad de oportunidades”, lo que se convierte en “una situación injusta para los propietarios honestos de pequeñas empresas y que provoca distorsiones en el mercado”. En este sentido Jaén en Común ha propuesto que el Ayuntamiento eleve al pleno una resolución en la que se inste al Ministerio de Economía y Hacienda, a promover una legislación que pueda garantizar a las corporaciones locales ingresos suficientes para un régimen tributario equitativo que impida que los recursos públicos financien a empresas, bancos o instituciones financieras que utilizan paraísos fiscales para la evasión de impuestos. Desde JeC se entiende que el Ministerio de Economía y Hacienda debería proporcionar a los ayuntamientos y demás administraciones, un registro público donde figuren los verdaderos propietarios de las empresas, incluyendo todas las estructuras en la sombra como los trusts corporativos, fideicomisos, fundaciones privadas y empresas tapadera, entre otros.