Tiene 26 años y hace varios que dejó su casa, en el Sahara ocupado por Marruecos. En 2013, un tribunal militar lo condenó a cadena perpetua por participar en la organización del campamento de Agdaym Izik, a las afueras del Aiún, que algunos han querido ver como el comienzo de la Primavera árabe que llegó a España transformada en 15-M. Ante lo que consideraba una pena injusta e impuesta sin las mínimas garantías legales, pidió asilo al Gobierno español, pero el Parlamento le dijo que no y ordenó su salida inmediata.

Hassana Aalia, que así es como se llama este joven, se convirtió entonces en un “ilegal”; uno de tantos otros que viven en nuestro país, pero en su caso, conocido y reconocido, además de respaldado por organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos, como Amnistía Internacional. “Si hace falta llegaremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, decía el activista este jueves, apenas mes y medio después de que la Audiencia Nacional paralizara cautelarmente la orden de salida hasta que se resuelva el recurso interpuesto contra ella.

Lo decía en Jaén, adonde ha sido invitado por la Asociación de Amigos del Sahara para intentar darle voz a él y al pueblo saharaui, que lleva años solicitando la celebración de un referéndum que les permita decidir su destino. “Muchos jóvenes están pidiendo la vuelta de las armas porque ya están cansados de tantos años de espera”, advertía, reconociendo lo crítico de la situación a pesar de defender a toda costa la lucha pacífica, no violenta.

“Es una vergüenza que hoy en día el pueblo saharaui siga sufriendo y que muchos países como España y Francia sigan apoyando a los torturadores”, denunciaba Aalia, relatando cómo los presos políticos sufren violaciones u otros abusos en las cárceles marroquíes ante la “pasividad” internacional y el “bloqueo informativo” que sufre el conflicto, especialmente en la zona ocupada, donde se encuentra “el segundo muro más grande del mundo”.