La Fiscalía ha solicitado 24 años de prisión para un padre acusado de violar a sus dos hijos pequeños, actualmente con diez y siete años. El Ministerio Público reclama la misma pena de prisión para la madre por conocer los hechos y no hacer nada por evitarlo. De hecho, el matrimonio formado por Ramón C.P. y Manuela L.G., se sentarán en el banquillo de la Audiencia de Jaén cuando se fije fecha para el juicio acusados de dos delitos continuados de agresión sexual.

Según recoge el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron con anterioridad a 2011, fecha en la que los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía declararon a los menores en desamparo por “los factores de riesgo” detectados en los progenitores. Entonces, los menores, una niña y un niño, contaban con cinco y tres años respectivamente y ya habían sido objeto, según relata el fiscal, de los abusos sexuales a los presuntamente sometió su propio padre.

La fiscal relata que el acusado sometió a su propia hija a “diferentes prácticas sexuales” que abarcaban las relaciones completas hasta la introducción de diversos objetos en los genitales de la menor. Estas mismas prácticas, según recoge el Ministerio Fiscal, las llevó a cabo también con el niño.

La madre, también acusada en esta causa, conocía lo que estaba ocurriendo con sus hijos aunque “en ningún momento procedió a impedir o evitar la consumación de dichos actos ilícitos”. De hecho, el escrito apunta a que Manuela L. G. fue testigo directo de alguna de las agresiones “sin que hiciera nada para impedirlo” y que a la menor le decía que “no contara nada a nadie”.

Los informes psicológicos realizados a los menores con posterioridad, recogen que la niña y el niño padecen “alteraciones graves en el área sexual y daño severo en áreas emocionales”.

Además de los 24 años de prisión para cada uno de los progenitores, el Ministerio Público les reclama una indemnización de 20.000 euros, además de 20 años de alejamiento y comunicación con los menores a partir de su salida de prisión. Asimismo, desde Fiscalía se reclama la pérdida definitiva de la patria potestad para estos padres que son vecinos de la capital jiennense.