Cerca de 30 familias jiennenses podrían beneficiarse de la futura Ley de Tanteo y Retracto en Desahucio de Viviendas, según los expedientes con los que trabaja la oficina provincial del Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de desahucios.

Así lo ha señalado este jueves el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Rafael Valdivielso, quien ha presentado el citado proyecto de ley aprobado recientemente por el Gobierno andaluz y que viene a reforzar las medidas para luchar contra los desahucios, ampliar la protección de las familias frente a las ejecuciones hipotecarias y las daciones en pago en la comunidad autónoma. “La norma permitirá a la Junta ejercer el derecho de compra preferente de las viviendas afectadas por la dación en pago o por ejecuciones hipotecarias y, según los expedientes con los que trabaja la oficina provincial del Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios, 27 familias podrían beneficiarse de esta medida”, ha destacado. Al hilo, ha valorado “la importante y efectiva labor” que desarrolla la Delegación Territorial a través de esta oficina que, desde su puesta en marcha, ha atendido a 782 familias. Ha apuntado, además, que según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, “en 2016 se ha ejecutado en Jaén 0,79 lanzamientos por cada mil habitantes, por debajo de la media de Andalucía, que está en 1,19, y de la media nacional, en 1,36”.
Otras de las novedades que presenta la norma es la modificación del régimen sancionador para prevenir abusos y reforzar los derechos de las personas consumidoras en las operaciones de adquisición de viviendas protegidas. El proyecto de ley será remitido al Parlamento andaluz para su debate y aprobación definitiva, si bien el Ejecutivo ya ha reservado en los presupuestos de este año una partida de cuatro millones de euros para su aplicación. “Esta ley completa un amplio abanico de herramientas que sitúa a Andalucía como una de las regiones más avanzadas de Europa en defensa del derecho a una vivienda digna y la lucha contra los desahucios”, ha manifestado Valdivielso.
En este sentido, ha detallado que, en relación con el ejercicio del derecho de compra preferente de los inmuebles incluidos en procesos de ejecución hipotecaria y dación en pago, esta figura permitirá facilitar, mediante un alquiler social, la permanencia en sus hogares de las familias afectadas por desahucios. Igualmente, la medida supondrá un incremento del parque público residencial de la Junta, que se destinará fundamentalmente a atender a personas en situación de vulnerabilidad y con mayores dificultades para acceder a una vivienda. COLECTIVOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN El proyecto establece que la Administración ejercerá el tanteo y retracto en función de la situación socioeconómica de las familias, aplicándose a los colectivos de especial protección y atendiendo a una tipología de inmuebles que deberá responder a las características exigidas para las Viviendas de Protección Oficial (VPO). Una vez ejercido el derecho de compra preferente, los afectados tendrán prioridad de alquiler sobre el inmueble que ha sido su domicilio habitual.
El tanteo y el retracto se realizarán en los procesos de dación en pago, mientras que para los procedimientos de ejecución hipotecaria se reserva solo el retracto, lo que implica intervenir al final del proceso una vez comunicado el desalojo y concluida la subasta judicial de la vivienda y su adjudicación. La medida se llevará a cabo en un periodo de 60 días naturales contados a partir de la notificación de la transmisión del inmueble al nuevo adjudicatario. En el caso de que se haya producido la subasta pero la familia todavía permanezca en el domicilio, dicho plazo se aplicará a partir del día en que el juez determine la fecha de salida de los moradores del inmueble. Si la Administración no tiene conocimiento de la orden de desahucio, podrá realizar la compra en el momento en el que tenga constancia de la misma.